En la información web sobre el proyecto El Quimbo, la empresa EMGESA dice comprometerse «social y culturalmente con la comunidad» y adaptar sus «estrategias empresariales a la preservación del medio ambiente». Nada más lejos de la realidad. Para el proyecto hidroeléctrico se han sustraído 7500 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía.

Y desde el 6 de marzo, esta filial de las multinacionales española ENDESA e italiana ENEL le propina una puñalada adicional al corazón de la amazonía colombiana. Ese día está programado comenzar el desvío del cauce del río grande de La Magdalena. Arteria que recorre gran parte de Colombia, sirve al transporte fluvial de personas y mercancías y garantizando la fertilidad de los ricos valles que lo circundan en un serpenteante camino de 1.500 kilómetros. Todo el territorio tiene gran riqueza arqueológica, cultural social e histórica.

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Los dos bloques petroleros CAYOS 1 y CAYOS 5 situados mar adentro, en las islas Cayos del Norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe colombiano, han sido adjudicados al consorcio formado por la multinacional española Repsol (35%), la petrolera estatal colombiana Ecopetrol (50%) e YPF (15%).

Cuando hablamos de este archipiélago, estamos hablando de la Reserva de Biosfera (de 350.000 kms. cuadrados, declarada por la UNESCO en el año 2000) y del Área Marina Protegida (AMP) Seaflower. Esta protección fue establecida por el propio gobierno colombiano ya que es fundamental la protección de este ecosistema y de la pervivencia del pueblo raizal. Su destrucción o alteración pondría en riesgo los recursos marinos y pesqueros que sustentan no sólo a los pescadores sino que son la base de la seguridad alimentaria de todos los habitantes insulares. Los accidentes son muy habituales en las plataformas petroleras, basta recordar el reciente desastre del Golfo de México.

Poner en riesgo los arrecifes y el mar con todo lo que implica la explotación de petróleo (contaminantes tóxicos, perforaciones, ondas sonoras, derrames y fugas en el transporte, sísmica, etc.) es poner en riesgo una frágil barrera natural, el muro de contención que disminuye la energía de las olas y protege así a las islas de su inundación y de la eventual desaparición. Y además, los ecosistemas arrecifales dan refugio y alimento a más del 25% de las especies marinas y garantizan la existencia de las playas y de los 7 colores de ese mar. El turismo es el primer renglón de la economía de las islas, fuertemente dependientes también de la pesca.

La autoridad ambiental de San Andrés ya interpuso una querella contra la adjudicación, pues según la costumbre del poder transnacional, las consultas legales pertinentes y necesarias a la población no han sido realizadas.

Para apoyar a quienes desde la isla se oponen a esta barbaridad, por favor, firme la carta que encuentra a continuación completando el formulario más abajo con los datos que usted desee aportar. Se envía automáticamente al presionar "enviar por correo electrónico". Muchas gracias.

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La situación de los Derechos Humanos en Colombia es catastrófica. Para mejorarla, la Comisión de Justicia y Paz trabaja incansablemente por la Verdad, la justicia la reparación y la memoria. Su acompañamiento a comunidades rurales en varias zonas de Colombia permite la defensa incondicional de la vida, los derechos humanos y el medio ambiente por parte de muchas comunidades, zonas humanitarias y de biodiversidad.

Según una fuente que exige permanecer en el anonimato, el plan de acoso comprende dos frentes: uno judicial y mediático y otro que consiste en seguimientos de los defensores de derechos humanos con participación de agentes estatales.

Quienes se benefician de la violencia paramilitar para obtener grandes beneficios del negocio de palma, la ganadería extensiva y el banano, se dedican también a desprestigiar la labor de quienes defienden los derechos humanos de las comunidades desplazadas y afectadas por estas actividades.

Usted también puede enviar esta carta con su firma o con la lista de organizaciones firmantes a la embajada colombiana en su país. Maiores informaciones

Varias personalidades colombianas y de otros países han hecho pública esta declaración que se encuentra abierta a adhesiones voluntarias.

"En los últimos meses diversos funcionarios del Estado colombiano, desde el Presidente de la República hasta un fiscal, pasando por una senadora y varios concejales de Bogotá, han señalado en sus declaraciones o decisiones, en forma genérica y sin individualizar responsabilidades, a organizaciones estudiantiles o grupos dentro de la comunidad universitaria como colaboradores de la guerrilla.

Estos señalamientos han tenido un gran eco en los principales medios masivos de comunicación del país y han creado un ambiente general de estigmatización política y social de la universidad, especialmente de las instituciones públicas. En los últimos días, el grupo paramilitar las Águilas Negras ha aprovechado este acondicionamiento de la opinión pública para amenazar de muerte física o simbólica, como el destierro, a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En el pasado tales amenazas en otras instituciones de educación superior pública no sólo han tenido consecuencias mortales, sino que han conducido al control de algunas universidades regionales por este tipo de organizaciones y han atentado gravemente contra el derecho de la comunidad universitaria a la protesta y a la crítica razonada.

• Más informaciones :www.choike.org

En Colombia, los activistas de derechos humanos trabajan en condiciones extremadamente adversas, tratando de proteger los derechos humanos en un país que sufre un conflicto armado interno y luchando contra una campaña sistemática para desacreditar su trabajo.

Al llamar en público a los activistas de derechos humanos de « subversivos », el presidente Álvaro Uribe y su gobierno han menoscabado el trabajo de defensoras y defensores, perpetuando en consecuencia los abusos que contra los derechos humanos se cometen en Colombia. Uribe los ha llamado « defensores del terrorismo », acusando a los activistas de ser terroristas que se esconden tras una agenda de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares y, en ocasiones, la guerrilla, atacan a los activistas, aprovechándose del hecho de que el trabajo en favor de los derechos humanos está oficialmente desacreditado.

Muchos activistas son objeto de amenazas, agresiones y persecución judicial por cargos sin fundamento. Y a los atacantes rara vez se los hace comparecer ante la justicia. El propósito de estas agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos es amordazar su trabajo de denuncia de los abusos que se cometen contra los derechos humanos y de los vínculos existentes entre grupos paramilitares y el ejército.

• Para leer más y actuar, consulte el sitio web de Amnistía Internacional