El letal ataque israelí a la flotilla humanitaria que se dirigía rumbo a Gaza ha provocado indignación a nivel mundial. Esta vez, no podemos aceptar palabras vacías por parte de nuestros líderes. Es hora de exigir acción.

La petición será entregada a las Naciones Unidas y los principales líderes mundiales cuando alcancemos el objetivo de 200,000 firmas — ¡firma y únete al llamamiento mundial por la verdad, la rendición de cuentas, y la justicia en Gaza!

• Firma la Petición: http://www.avaaz.org/es/gaza_flotilla

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A LA SOLIDARIDAD

Nosotros, las asociaciones de habitantes, las redes internacionales, los grupos de voluntariado, las ONG, las agencias públicas y los ciudadanos del mundo expresamos nuestra indignación y denunciamos las continuas políticas de desalojo y demolición de Israel ejecutadas contra el pueblo Palestino, tanto los Palestinos de 1948 (ciudadanos de Israel) como los Palestinos de 1967 (en los Territorios Ocupados Palestinos). Dichas demoliciones y desalojos violan claramente las leyes internacionales.

Por lo tanto, condenamos estas violaciones y hacemos un llamamiento a:

El Gobierno de Israel:

 Para que cese inmediatamente la demolición de los hogares de los ciudadanos Palestinos de Israel y, en cuanto Fuerza Ocupante, de los hogares de los Palestinos en los Territorios Ocupados Palestinos;
 Para que integre, dentro de los planes nacionales, prácticas de planificación y de zonificación que se adapten a las necesidades culturales y económicas de todos sus ciudadanos;
 Para que cumpla, en calidad de Fuerza Ocupante, con lo acordado en el IV Convenio de Ginebra y para que acabe con el empleo del castigo colectivo mediante las demoliciones punitivas;
 Para que finalice con la ocupación y se retire de la Palestina ocupada, en lugar de defender el status quo mediante el empleo de acciones militares que destruyen cientos de hogares, que causan estragos en las infraestructuras urbanísticas locales y que limitan en gran medida el potencial futuro de Palestina;
 Para que acabe con los desalojos y con la toma de casas y de terrenos por parte de los colonos en el este de Jerusalén, en Hebron y en todo el Territorio Ocupado Palestino;
 Para que cese de confiscar terrenos a los ciudadanos Palestinos de Israel;
 Para que arregle esta situación de forma inmediata, incluyendo la restitución de la propiedad, la repatriación de los expatriados, indemnizaciones, alojamiento alternativo adecuado, rehabilitación, disculpas y garantías de que esta situación no se volverá a repetir a todos los habitantes afectados por las demoliciones, incluidos los inquilinos, que han perdido su hogar y/o sus efectos personales en el proceso de demolición y que, como consecuencia de lo anterior, se han quedado sin techo y/o sin trabajo;
 Para que proporcione un foro en el que los Gobiernos de Israel y de la Palestina ocupada, todas las partes interesadas, incluidos los representantes autorizados de las asociaciones de habitantes, las redes internacionales, las ONG y las agencias públicas, puedan alcanzar un acuerdo acerca de las alternativas a los desalojos, a las demoliciones y la toma de terrenos, y acerca de la reubicación de las personas que ya han sido desalojadas.

Las Naciones Unidas, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos (El Cuarteto) y todos los gobiernos del mundo:

 Para que condenen públicamente las políticas de desalojo y demolición y la toma de los colonos en las gestiones del Gobierno de Israel y de las resoluciones de las Naciones Unidas;
 Para que limiten la exportación de material utilizado en las demoliciones hasta que el gobierno israelí implante de forma adecuada políticas que respeten los derechos a la vivienda de los Palestinos, tanto ciudadanos de Israel como aquellos que viven bajo la ocupación militar;
 Para que cesen de desarrollar las relaciones comerciales y para que restrinjan la ayuda internacional hasta que las políticas de Israel hacia los Palestinos se establezcan de conformidad con lo acordado en el IV Convenio de Ginebra y en las diversas declaraciones universales que rigen las responsabilidades de las Fuerzas Ocupantes y los derechos de los pueblos autóctonos, de los grupos minoritarios y de todo el pueblo;
 Para que utilicen su influencia con el fin de terminar con las políticas de demolición, desalojo y toma de terrenos.

Las Naciones Unidas (ONU- Hábitat):

 Para que asegure que se respetan las normas internacionales que protegen el derecho a la vivienda mediante el envío en misión urgente independiente del Grupo Asesor sobre los Desalojos Forzosos (AGFE para que supervise, identifique y promueva alternativas a las demoliciones y a los desalojos.

• Más informaciones: http://esp.habitants.org/campagne_z...

Atrapados en un conflicto sangriento entre el gobierno de Sri Lanka y los rebeldes tamiles, apróximadamente 250.000 civiles inocentes esperan con desesperación de nuestra ayuda.

Los Estados Unidos, la potencia que más ayuda proporciona a Sri Lanka, ha reclamado la protección de las "zonas seguras" para los civiles y un cese al fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria, pero Sri Lanka ha rechazado esta medida y hoy miles de civiles están en la línea de fuego. Si EE.UU. incrementa la presión ahora, podrían salvarse miles de vidas y tenemos la ocasión de pedir a la administración de Obama que lo haga.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha acordado informar a la Secretaria de Estado Hillary Clinton el número de mensajes enviados en relación a Sri Lanka. Si conseguimos juntar un número importante de mensajes de todo el mundo, podemos lograr que Sri Lanka no sea más uno de los tantos "conflictos olvidados" persuadiendo a la administración Obama a involucrarse en búsqueda de la solución.

• ¡Envía tu mensaje ahora!

Varias personalidades colombianas y de otros países han hecho pública esta declaración que se encuentra abierta a adhesiones voluntarias.

"En los últimos meses diversos funcionarios del Estado colombiano, desde el Presidente de la República hasta un fiscal, pasando por una senadora y varios concejales de Bogotá, han señalado en sus declaraciones o decisiones, en forma genérica y sin individualizar responsabilidades, a organizaciones estudiantiles o grupos dentro de la comunidad universitaria como colaboradores de la guerrilla.

Estos señalamientos han tenido un gran eco en los principales medios masivos de comunicación del país y han creado un ambiente general de estigmatización política y social de la universidad, especialmente de las instituciones públicas. En los últimos días, el grupo paramilitar las Águilas Negras ha aprovechado este acondicionamiento de la opinión pública para amenazar de muerte física o simbólica, como el destierro, a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En el pasado tales amenazas en otras instituciones de educación superior pública no sólo han tenido consecuencias mortales, sino que han conducido al control de algunas universidades regionales por este tipo de organizaciones y han atentado gravemente contra el derecho de la comunidad universitaria a la protesta y a la crítica razonada.

• Más informaciones :www.choike.org

Los « diamantes ensangrentados » han financiado conflictos en África que han provocado la muerte y el desplazamiento de miles de personas. En Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto, en conflictos mantenidos gracias a los diamantes, cerca de 3,7 millones de personas.

En 2003 se puso en marcha un sistema internacional de certificación de diamantes, denominado Proceso Kimberley, que obliga a garantizar que los diamantes proceden de lugares libres de conflicto. Más de 70 países -incluyendo todos los Estados miembros de la Unión Europea- forman parte de este proceso que este año preside la Comisión Europea. Por su parte, la industria del diamante acordó un sistema de autorregulación como apoyo a este sistema internacional.

A pesar de que esta iniciativa es un paso importante, diamantes de zonas en conflicto de Costa de Marfil están pasando al comercio legítimo de diamantes a través de Ghana, por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses.

• Es tarea de los gobiernos y la industria de los diamantes garantizar que no llegan a los consumidores diamantes procedentes de zonas en conflicto.
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