CHILE - Mapuche: lo que enseña una resistencia

El pueblo mapuche, su historia, su cultura, sus luchas, han sido cubiertas por un manto de silencio. Las pocas noticias que llegan desde el sur de Chile están casi siempre vinculadas a la represión o a denuncias de “terrorismo” por parte del Estado chileno. Pese al aislamiento social y político, reducidos a una penosa sobrevivencia en las áreas rurales y a empleos precarios y mal pagos en las ciudades, siguen resistiendo a las multinacionales forestales y a las hidroeléctricas, buscan mantener vivas sus tradiciones.

“Estoy considerado por el Estado chileno un delincuente por defender mi familia y mis tierras”, señala Waikilaj Cadim Calfunao, 25 años, miembro de la comunidad Juan Paillalef, en la IX Región, Araucanía, en una breve carta que nos hace llegar desde la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, donde la guardia no nos permitió el ingreso por razones burocráticas. Con escasa diferencia, otros presos mapuche se pronuncian de la misma forma. José Huenchunao, uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), detenido el 20 de marzo pasado, fue condenado a diez años por haber participado en la quema de máquinas forestales.

“Las cárceles son un lugar de castigo que el Estado chileno y sus operadores políticos y judiciales han destinado a quienes luchan o representan al pueblo-nación mapuche”, escribió Huenchunao el 21 de marzo desde la prisión de Angol . Héctor Llaitul, 37 años, dirigente de la CAM, detenido el 21 de febrero bajo los mismos cargos que Huenchunao, inició una huelga de hambre para denunciar el montaje político-judicial en su contra. La mayor parte de los más de 20 presos mapuche han recurrido a huelga de hambre para denunciar su situación o para exigir el traslado a cárceles cercanas a sus comunidades.

Como casi todos los dirigentes mapuche, Llaitul hace hincapié en el problema de las forestales: “La Forestal Mininco junto a la hidroeléctrica ENDESA, uno de nuestros principales adversarios, han cambiado de política. Ya no se trata del mero uso de la violencia. Están diversificando la represión: estudian las zonas donde funcionan y disponen planes adaptados a cada zona (propaganda, cursos y otros), muchas veces financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de crear un círculo de seguridad en torno a sus propiedades. Arman a los campesinos parceleros y a los clubes de caza y pesca para que formen comités de vigilancia (legales en Chile) con los que defenderse de los ‘malos vecinos’. Así intentan aislar a los luchadores” .

“Mi comunidad ha sido fuertemente reprimida puesto que todos los integrantes de mi familia están presos (mamá, papá, hermano, tía, etcétera)”, señala Calfunao en su carta, y describe cómo las tierras de su comunidad han sido “robadas” por las forestales y el Ministerio de Obras Públicas, robo avalado por los tribunales que no respetan “nuestro derecho consuetudinario y nuestras costumbres jurídicas”. Está acusado de secuestro por haber realizado un corte de ruta, de desórdenes públicos y destrucción de neumáticos de un camión forestal que trasladaba madera de la región mapuche. Cualquier actividad que realicen las comunidades para impedir que las forestales les sigan robando sus tierras, es incluida por el Estado chileno bajo la legislación “antiterrorista” heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Leer el articulo